Siete personas, entre ellas cinco exdirectivos de la empresa Reficar fueron acusados formalmente por la Fiscalía en la investigación del ente investigador por la corrupción detectada en la Refinería de Cartagena.

Los implicados, al parecer consolidaron una estrategia para direccionar la contratación y defraudar las finanzas del Estado con la firma del contrato de construcción de la refinería, dirigidos a modificar cláusulas contractuales y acuerdos, causando un sobrecosto que duplicó el presupuesto inicial y demoró tres años más la entrega del proyecto.

La modernización, adecuación y puesta de funcionamiento estaba planeada para diciembre de 2013, con una inversión de 3700 millones de dólares, pero la terminación de obras del mega proyecto Reficar se hizo hasta diciembre de 2015 con una inversión final de 8000 millones de dólares.

Las irregularidades iniciaron con la contratación del proyecto, pues fue asignado a una empresa que no cumplía con los requisitos necesarios para la modernización de la refinería, en referencia a la capacidad técnica, financiera y experiencia constructiva en refinerías completas. No hubo licitación, la adjudicación fue direccionada a pesar de que la compañía favorecida, en anteriores procesos de evaluación realizados por Ecopetrol fue descartada por no contar con los parámetros de calificación exigidos para este tipo de contratos.

Tras la firma del contrato y ante los problemas de financiamiento que presentaba el contratista, los implicados supuestamente acomodaron las cláusulas contractuales para ajustar la forma de pago a la conveniencia del contratista.

Los contratos fueron pactados en la modalidad de pago de “costos reembolsables” que implicaba que Reficar apalancaba financieramente al contratista con dineros públicos asumiendo todos los riesgos, todo ello, en contra de la modalidad de pago inicialmente contratada que era “llave en mano” donde los riesgos de la construcción los asumía el contratista. Esta modificación se dio en total beneficio de la compañía contratista.

A pesar de las anomalías presentadas, en el año 2010 fueron firmados dos contratos más con la empresa y una de sus filiales.

Los directivos de Reficar y la compañía contratista suscribieron cuatro acuerdos denominados “Acuerdos MOA y PIP” con los cuales fue autorizado el pago por 120 millones de dólares de facturas que no tenían soportes legales de esos gastos. Estas facturas no fueron aprobadas ni fue ordenado su pago por la Auditoría. Con los acuerdos se violaron los procedimientos establecidos y se favoreció claramente al contratista.

El ente acusador estableció que fueron desembolsados más de 600.000 millones de pesos para los considerados “gastos suntuosos”, representados en viáticos, viajes de funcionarios y abogados, gastos en hoteles, alquiler de vehículos, pagos dobles, y en general gastos no reembolsables.

Además, fueron presentadas facturas por contratación de personas que nunca estuvieron en el proyecto, alquiler doble de equipos o maquinaria y bonos regalo para el personal administrativo del proyecto de modernización de Reficar.

Los acusados y los delitos

Orlando José Cabrales Martínez, ex representante legal de Reficar, fue acusado de interés indebido en la celebración de contratos.

Reyes Reinoso Yanes, expresidente de Reficar, es acusado de peculado por apropiación en favor de terceros y enriquecimiento ilícito en favor de terceros y falsedad ideológica en documento público.

Pedro Alfonso Rosales Navarro, exintegrante de la Junta Directiva de Reficar y ex vicepridente de Downstream de Ecopetrol, también fue acusado de interés indebido en la celebración de contratos.

Felipe Arturo Laverde Concha, ex vicepresidente jurídico de Reficar, acusado de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación en favor de terceros y enriquecimiento ilícito de particulares en favor de terceros.

Carlos Alberto Lloreda Silva, revisor fiscal de Reficar entre 2013 y 2015, está acusado por falsedad ideológica en documento público, complicidad en peculado por apropiación en favor de terceros.

Philip Asherman, exrepresentante de la empresa contratista, responderá en juicio por interés indebido en la celebración de contratos.

Masoud Deidehban, particular representante de empresa contratista, fue acusado por peculado por apropiación en favor de terceros, enriquecimiento ilícito en particulares en favor de terceros e interés indebido en la celebración de contratos.